El máximo tribunal determinó, por unanimidad, que la detención de cinco jóvenes en Rosario, acusados de infringir la ley de estupefacientes por traer en sus bolsillos tres pitillos de marihuana, fue inconstitucional. Se trató entonces de una detención que violó el derecho de autonomía de esos jóvenes pues la tenencia y consumo personal y no ostentatorio de marihuana no puede considerarse bajo ningún punto de vista contrario a la salud pública, a diferencia del tráfico.
De ahora en más, todos los jueces de la nación trasandina deberán incorporar esa suprema interpretación de la Constitución y, por extensión, lo deberán hacer las policías. El gobierno de Cristina Kirchner, mediático y acomodaticio, anunció que emitirá un decreto de despenalización del consumo personal de marihuana. Probablemente no lo haga, ni aporta nada al poder del fallo del tribunal supremo argentino pero da una idea de la sintonía del gobierno con los tiempos y con la juventud.
Si en Chile no fuésemos tan cagones podría darse una situación similar. Primero, se necesitaría que los volados que son detenidos por un pitillo estuviesen dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema para hacer valer su derecho al consumo personal. Pero, por falta de plata, para evitar la publicidad, por ignorancia, por sometimiento o por conveniencia, el asunto se resuelve en un tribunal de primera instancia que “condena” al acusado, de no ser reincidente, a asistir a terapia con un psicólogo. Así, todos contentos: no se entera el jefe del acusado, el juez condena sin pena, y el paco queda legitimado, y hay pega para el psicólogo.
En segundo lugar, se necesitaría tener, en la Corte Suprema, magistrados acorde culturalmente con los tiempos que corren. Por el contrario, tenemos una colección de jueces vetustos que se caracterizan por su conservadurismo, por su cobardía y su acomodo político.
Tercero, los gobiernos “progresistas” que nos han dirigido durante los últimos 20 años debieran atreverse a erradicar el enfoque represivo y securitario que han hecho primar respecto del tema de las drogas, sacar del ala, del CONACE, a ese personaje elemental y deplorable que es la María Teresa Chadwick, y dejar de dar tribuna a los peores exponentes de la derecha reaccionaria como son, por ejemplo, Pérez y Espina.
En Chile somos tan cagones y estamos tan acostumbrados a las falacias oficiales que, por ejemplo, estamos convencidos de que hace algunos meses atrás se prohibió el Spice, mal llamado marihuana sintética. La verdad de la milanesa es que no existen las condiciones para llevar a cabo esa medida y que el decreto que reglamenta la ley 20.000 de estupefacientes, donde vienen listadas las sustancias sujetas a control, no ha sido modificado desde hace un año y medio. ¿La razón?
La literatura internacional sobre el Spice es mínima y sus conclusiones se contradicen, el ISP carece de la más mínima infraestructura y preparación profesional para llevar a cabo estudios propios, y sin bla-blá científico verosímil no se puede justificar la incorporación del Spice en dicho decreto de semblante científico. Por lo pronto no hay material probatorio acerca de sus efectos psicotrópicos, ni siquiera se han identificado certeramente sus componentes psicoactivos, y carece de lógica leguleya prohibir ese producto en función de su nombre de fantasía.
Probablemente, el Spice no es más “estupefaciente” (concepto que la química desconoce) que una infusión de Tilo, o de Jazmín. Pero se fuma y relaja, por ende es simbólicamente asimilable a la marihuana. Pero en la práctica, a través de resquicios burocráticos, en Chile se prohibió su importación, su comercialización, su tenencia y consumo. Y la empresa que gozaba de la franquicia prefirió dar un paso atrás antes que arriesgarse a ser crucificada a través de los medios de comunicación.
Así funciona Chilito, bajo un eterno esquema de mentiras legales, de verdades mediáticas, de connivencias implícitas, de prohibiciones arbitrarias, de ocultamiento de las discusiones. Somos el opuesto de una sociedad de personas autónomas.
Por Hilgo Larton